Se ordenó remitir a la Fiscalía todo el expediente. El proceso podría entrar en un debate sobre desde qué etapa lo debe asumir la Fiscalía. -equiparando la diligencia de indagatoria con la audiencia de imputación en el sistema penal acusatorio-, para pasar a determinar si hay lugar a dictar una acusación o no. O bien, si el caso debe iniciar de ceros. Foto: Archivo.

Luego de que el pasado 19 de julio el Congreso aceptó la renuncia que presentó el representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque, por petición de la defensa, la Sala de Instrucción determinó, la correspondiente pérdida del fuero, ya no tenía competencia para seguirlo investigando y remitió el caso a la Fiscalía General.

Caicedo con medida de aseguramiento emitida por la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción en los que este habría incurrido como alcalde de Zipaquirá 2004-2007.

La decisión revelada por EL TIEMPO es clave dado que sigue la misma línea interpretativa que aplicó la Sala en el caso del expresidente Álvaro Uribe.

La decisión del caso la tomó el magistrado Francisco Farfán, ponente del mismo. En próximos días la Corte deberá definir si mantiene la competencia en el caso del exgobernador de Santander y senador Richard Aguilar, quien renunció al Congreso luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción.

En el caso de Sastoque, la Sala señaló que cuando se presentan estas renuncias, el alto tribunal solo puede mantener la competencia cuando las conductas que se investiguen “tengan relación con las funciones desempeñadas” como congresistas.

Así, la Corte citó la decisión del 31 de agosto de 2020 en la que se remitió a la Fiscalía el caso del expresidente Uribe Vélez al estimar que se trataba de delitos comunes que no guardaban ninguna relación con la actividad funcional atribuida en el ordenamiento jurídico a los miembros del Congreso.

Y estimó que “lo relevante para la extensión del fuero es que en cada caso concreto se constate objetiva y no hipotéticamente el vínculo o nexo existente entre la conducta punible investigada y las funciones del Congresista”.

Caicedo Sastoque es investigado por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del Convenio Interadministrativo N° 005 de 26 de enero de 2007, suscrito entre Zipaquirá y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de dicho ente territorial por valor inicial de 633 millones de pesos y que tuvo tres adiciones más entre marzo y diciembre 170 millones de pesos.

Caicedo fue elegido representante a la Cámara para los períodos 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022. La Sala le abrió una investigación preliminar el 31 de enero de 2018, lo llamó a indagatoria en 2020 y le dictó medida de aseguramiento por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales el 10 de junio de 2021. 

Fuente: EL TIEMPO.