La Ciudadela Residencial Zuá de Zipaquirá enfrenta una situación crítica debido a disputas legales y financieras que amenazan su futuro. Un ambicioso proyecto de vivienda en Zipaquirá, Cundinamarca, conocido como Ciudadela Residencial Zuá, se encuentra en el centro de una controversia que ha desencadenado un enfrentamiento legal entre los socios originales del proyecto y la empresa constructora Ecoinsa Ingeniería SAS.

La disputa, que involucra incumplimientos contractuales y presunta administración desleal, ha generado tensiones significativas. Una investigación del diario El Tiempo reveló que los socios fundadores del proyecto, Mario Combariza, Juan Carlos Arias y José Alejandro Concha, acusaron al director de Ecoinsa, Juan Daniel Flórez Páez, de no cumplir con los acuerdos establecidos y de dejar de informar sobre el progreso del proyecto.

El conflicto se agudizó con la retirada de Cemex, multinacional que inicialmente adquirió el 60% del proyecto y luego se desvinculó, lo que generó obstáculos adicionales. La disputa llevó a los socios a un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que falló el pasado 10 de noviembre condenando a Ecoinsa a pagar 13.629 millones de pesos a los demandantes, además de asumir las costas del proceso.

A pesar de este fallo, la disputa persiste. Flórez presentó un recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que fue rechazado el 28 de febrero, manteniendo la condena inicial. Mónica Llinás, apoderada de Ecoinsa, argumentó que el proyecto sigue en marcha y que el contrato de cuentas en participación sigue vigente, desafiando la resolución del tribunal.

Los antiguos socios, ahora envueltos en una batalla legal, preparan una denuncia ante la Fiscalía por administración desleal y defraudación patrimonial. Aunque una denuncia previa por administración desleal no prosperó, persiste la confianza en la justicia.

Esta confrontación legal subraya las complejidades de los proyectos de desarrollo urbano de gran escala, especialmente cuando involucran a múltiples partes con intereses divergentes. Lo que comenzó como una visión compartida para transformar lotes en una ciudadela moderna se ha convertido en un enredo legal que desvía la atención de su objetivo original: proveer vivienda accesible a las comunidades locales.