La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado preocupantes resultados en su reciente estudio sobre la transferencia de tecnología, innovación y buenas prácticas a los pequeños productores rurales del país. A pesar de ser un servicio público durante seis años, la extensión agropecuaria en Colombia sigue enfrentando serios desafíos en su implementación.

La evaluación de la CGR se centró en el modelo de extensión agropecuaria instaurado por la Ley 1876 de 2017, que buscaba transformar la asistencia técnica tradicional en un enfoque integral. Este modelo tiene el potencial de mejorar la producción agrícola mediante la introducción de nuevas semillas, maquinarias y técnicas de cultivo. Sin embargo, la Contraloría encontró que, hasta agosto de 2023, solo se había comprometido el 5.6% de los recursos asignados para este propósito en el año.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha ejecutado $108,201 millones desde enero de 2019 hasta julio de 2023 en el fortalecimiento del Servicio de Extensión Agropecuaria. No obstante, la falta de una implementación efectiva y reglamentación adecuada ha generado un riesgo significativo de pérdida de recursos y retraso en la atención a los productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).

El estudio también destacó problemas de coordinación entre las entidades nacionales, departamentales y municipales. La mayor responsabilidad de implementar la extensión agropecuaria recae en los municipios, que a menudo carecen de los recursos y personal calificado necesarios. Esta situación se agrava en municipios de categoría 5 y 6, que tienen menores ingresos y concentraciones de pequeños productores con menos de 10 hectáreas de tierra.

La falta de desarrollo normativo impide que los municipios presenten proyectos de extensión agropecuaria de manera efectiva. El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, creado en 2020, aún no ha sido reglamentado ni operado, lo que limita el financiamiento de programas de asistencia técnica.

La CGR también señaló que la extensión agropecuaria llega de manera inoportuna y es intermitente. Por ejemplo, la asistencia agrícola que llega meses después de una cosecha no tiene sentido. Además, la tarifa para la prestación del servicio de extensión agropecuaria en 2023 fue calculada en $868,957.44 por usuario, pero la falta de un esquema de cofinanciación claro impide saber cuánto aportará la Nación.

En resumen, la extensión agropecuaria en Colombia enfrenta serios desafíos que, de no abordarse, continuarán impidiendo el desarrollo agrícola sostenible y equitativo, exacerbando las brechas entre municipios y limitando la capacidad de los pequeños productores para mejorar sus prácticas y rendimientos.