La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha actualizado la Frontera Agrícola Nacional, estableciendo un nuevo límite para el uso del suelo rural en actividades agropecuarias como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la pesca y la silvicultura. Esta frontera delimita un total de 42.944.940 hectáreas de terreno continental e insular donde se pueden desarrollar dichas actividades, y también identifica áreas restringidas por consideraciones legales, políticas y técnicas, conforme a la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entre los cambios más significativos en esta actualización, se destacan la nueva representación de la frontera agrícola, la diferenciación de categorías que componen las áreas de exclusión, y la incorporación de nuevas áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías y la ampliación del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, se ha hecho una clara distinción entre “restricciones técnicas” y áreas no aptas para actividades agropecuarias, ajustando la categorización en función de la conservación ambiental y el respeto por territorios étnico-culturales.

La Frontera Agrícola ahora incluye 22.803.490 hectáreas de áreas condicionadas, mientras que 20.141.450 hectáreas permanecen sin condicionamientos específicos, lo que refleja un enfoque más detallado y preciso en la planificación del uso del suelo.

La importancia de definir y actualizar esta frontera radica en su impacto en la formulación y gestión de políticas públicas en el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Además, promueve un uso más eficiente del suelo, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y la protección de ecosistemas vitales para el país.

El proceso de actualización se llevó a cabo mediante un análisis integral de factores ambientales, culturales y de riesgo, priorizando regiones estratégicas como el Caribe insular, el litoral Pacífico y la Amazonía. Asimismo, se reiteró el compromiso del país con el Acuerdo Cero Deforestación y se integró el Plan de Zonificación Ambiental, en cumplimiento del punto 1.1.10 del Acuerdo de Paz. Estos esfuerzos reflejan un enfoque colaborativo entre diversas entidades y sectores para garantizar una gestión sostenible y equitativa del suelo rural en Colombia.