● El acuerdo ya está en plena implementación en el país, tras su ratificación y aval constitucional, integrándose al marco jurídico nacional.
● La COP4 representa una plataforma para que Colombia fortalezca alianzas internacionales, comparta avances y contribuya a la consolidación de la gobernanza ambiental en la región.
● Colombia deberá presentar sus avances en la implementación del Acuerdo.
● Se realizará seguimiento al Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos Ambientales en América Latina y el Caribe, con enfoque de género.

Bogotá, Colombia — Por primera vez, Colombia participa oficialmente como Estado Parte del Acuerdo de Escazú, marcando un hito histórico en el fortalecimiento de la democracia ambiental y la protección de los derechos humanos en el país.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información ambiental, promueve la participación pública en la toma de decisiones y fortalece el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Este logro no es solo el resultado de un trámite estatal, sino la expresión de un proceso sostenido de movilización, incidencia y pedagogía liderado por organizaciones sociales, comunidades y espacios como la Alianza por el Acuerdo de Escazú y la Asociación Ambiente y Sociedad. Su ratificación es fruto de años de participación activa de la sociedad civil que impulsó la necesidad de fortalecer la democracia ambiental en el país.
Además, es el primer instrumento internacional que incorpora disposiciones específicas para la protección de personas defensoras del medio ambiente, un aspecto clave para Colombia, uno de los países con mayores riesgos para líderes ambientales. Un paso histórico para Colombia La participación en la COP4 marca la primera vez que Colombia actúa como Estado Parte del Acuerdo de Escazú. Este hito no es simbólico: representa el inicio formal de un proceso de rendición de cuentas internacional sobre su implementación.

Este escenario abre una expectativa legítima de monitoreo y veeduría: ¿qué avances se han consolidado?, ¿qué brechas persisten?, ¿qué compromisos adicionales son necesarios?
Asimismo, la COP4 constituye una oportunidad para que Colombia ejerza liderazgo técnico en la región, fortaleciendo la implementación del Acuerdo con enfoque territorial, de género y de derechos humanos. Ser Estado Parte es un punto de partida; la implementación efectiva es el verdadero desafío. La participación del país ocurre en un contexto en el que el Acuerdo ha sido reconocido por la Corte Constitucional como plenamente articulado con la Constitución. El reto ya no es su incorporación normativa, sino su aplicación efectiva en las prácticas institucionales.
El acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental deben
entenderse como un sistema articulado de derechos. La COP4 permitirá evaluar cómo
Colombia está garantizando este sistema y qué barreras persisten en su implementación,
especialmente en los territorios. En este marco, la implementación del artículo 9 —relacionado con la protección de personas defensoras— se posiciona como uno de los indicadores más sensibles de cumplimiento. Su efectividad depende de la identificación oportuna del riesgo, la coordinación interinstitucional y la existencia de rutas claras de actuación, particularmente en contextos de conflictividad socioambiental.
Igualmente, la apropiación del Acuerdo por parte de entidades con presencia territorial es una condición clave para su implementación progresiva, mediante procesos de formación y articulación institucional.
Informe de la sociedad civil En este contexto, la Asociación Ambiente y Sociedad desarrolló un análisis sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales,
identificando avances, vacíos y condiciones necesarias para una implementación efectiva del Acuerdo.
Este análisis hace parte del informe sombra que presentará la Alianza por el Acuerdo de Escazú en la COP4. El documento ofrece una mirada crítica a los avances reportados por la institucionalidad, evaluando si estos se traducen en transformaciones reales o responden principalmente a un cumplimiento formal. Dado que la arquitectura de implementación aún se encuentra en construcción, el informe no evalúa resultados finales, sino avances preliminares y condiciones habilitantes, constituyéndose en un insumo técnico para fortalecer el proceso y orientar futuros ejercicios de seguimiento.
La incorporación de Colombia como Estado Parte se consolidó tras la declaración de constitucionalidad del tratado el 28 de agosto de 2024, lo que permitió su integración definitiva al ordenamiento jurídico nacional. Este avance posiciona al país como un actor activo en la gobernanza ambiental regional, asumiendo compromisos en transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental.
En este marco, Colombia participará en la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), que se llevará a cabo del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas, reuniendo a gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. La COP4 es el principal espacio de gobernanza del tratado, donde se definen lineamientos, se adoptan decisiones y se evalúan los avances en su implementación. En esta edición, además, se destaca por realizarse por primera vez en el Caribe, ampliando el alcance
territorial del acuerdo.
El encuentro incluirá debates sobre la gobernanza del acuerdo, la renovación de sus órganos de dirección y la definición de futuras sedes, consolidando la COP como el principal espacio de articulación regional en democracia ambiental. Compromiso con la democracia ambiental
La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en Colombia refuerza el compromiso del país con la transparencia en la gestión ambiental, la participación efectiva de las comunidades y la protección de líderes y lideresas ambientales. Asimismo, consolida un marco institucional que fortalece el Estado de derecho y promueve un modelo de desarrollo más justo, participativo y sostenible.

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Ambiente y Sociedad
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