A pesar de un fallo reciente del Consejo de Estado, el gobierno sostiene que las entidades públicas pueden continuar celebrando contratos con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Entre el 1 de julio de 2023 y el 14 de abril de 2024, se suscribieron 2.227 contratos a través de convenios solidarios, por un total de 257.537 millones de pesos.

La decisión del Consejo de Estado, que suspende provisionalmente el marco normativo que regula estos convenios en la contratación pública, ha sido fuertemente criticada por el presidente Gustavo Petro y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. No obstante, esta suspensión no significa que las entidades no puedan continuar con este tipo de contratos, según la interpretación de la Dirección de Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente, la entidad encargada de la supervisión en esta área.

Los departamentos jurídicos de ambas entidades señalan que la suspensión se originó a partir de una demanda presentada en 2022, relacionada con un problema en la redacción del proyecto de ley que autorizaba los convenios solidarios. Este problema fue corregido antes de que la ley se convirtiera en la Ley 2166 de 2021. “Aunque el Gobierno Nacional respeta la decisión del Consejo de Estado, no la comparte y considera fundamental aclarar a la opinión pública y a las entidades estatales que los efectos de la decisión solo afectan el artículo 2.2.15.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Por lo tanto, no se extienden a las disposiciones legales en las que se fundamenta la norma, que permiten la celebración de Convenios Solidarios a nivel nacional sin necesidad de reglamentación adicional, ya que el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 contiene todos los requisitos necesarios para su aplicación directa”, según un comunicado conjunto de Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, estas entidades consideran que los organismos nacionales, departamentales, distritales y municipales aún están legalmente autorizados para celebrar convenios solidarios con organismos de acción comunal para la ejecución de obras de menor cuantía. No obstante, el 7 de junio, Planeación Nacional y Colombia Compra Eficiente presentaron un recurso ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, para defender la validez del marco normativo que permite los convenios solidarios en la contratación pública. Esta medida busca aclarar a las entidades públicas que pueden seguir utilizando esta modalidad de contratación, que ha sido una de las principales apuestas del gobierno actual.

El Rol de las JAC en la Economía Popular

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son un pilar fundamental en la estrategia del presidente Petro para impulsar la economía popular. Estas juntas participan activamente en proyectos clave como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el despliegue de fibra óptica para el acceso a internet, la generación de energía, la vigilancia de los sistemas de salud y la construcción de vías rurales mediante la colocación de placas huellas.

En Colombia, se estima que existen alrededor de 70.000 JAC, con una participación de más de seis millones de personas. Según cifras de Colombia Compra Eficiente, entre el 1 de julio de 2023 y el 14 de abril de 2024 se firmaron 2.227 contratos a través de convenios solidarios, por un total de 257.537 millones de pesos. De estos, 374 contratos, por un valor de 12.074 millones de pesos, están registrados en el SECOP I, mientras que los otros 1.853 contratos, por 245.462 millones de pesos, están en el SECOP II.

El futuro de las JAC en la contratación pública sigue siendo un tema de debate, pero su rol en la gestión de proyectos comunitarios y su contribución a la economía popular es indiscutible.