FOTO: REVISTA MOTOR. Estarían operando Sistemas para la detección de infracciones de tránsito (SAST) sin autorización legal o sin cumplir con la debida señalización que advierta de su presencia en la carretera. El alcalde de Aguachica ordenó retirar dos cámaras de ´fotomultas´ en su municipio. Conductores de Zipaquirá, Soacha y Sibaté denuncian el retorno de estos dispositivos a las carreteras.

“Ya no quiero saber más de ‘fotomultas’ aquí en Aguachica. Háganme el favor y me despejan el área (…). Yo le dije al pueblo que no iba a permitir más saqueos a los bolsillos de los turistas y a los conductores. Con todo respeto, les digo que despejen la zona”.

Estas declaraciones -publicadas por la Revista Motor de EL TIEMPO-, son del alcalde de Aguachica (Cesar), Robinson Manosalva. Él mismo grabó el video que se volvió viral. Sus palabras van dirigidas a la operadora de dos cámaras de fotodetección, más conocidas como cámaras ‘fotomultas’, que están ubicadas en la vía San Alberto-Aguachica, en el sur del departamento.

Este no es el único caso en el que se manifiesta ese malestar. Conductores que transitan por los municipios de Zipaquirá, Soacha y Sibaté (Cundinamarca), entre otros del país, denuncian el retorno de estos dispositivos a las carreteras.

Según testimonios recogidos por EL TIEMPO, algunos de estos dispositivos se volvieron a camuflar en las vías para sorprender a los conductores, violando las normas de señalización previstas en la Ley 1843 de 2017, que regula la operación de estos sistemas para la detección de infracciones de tránsito.

Peor aún, los organismos de tránsito no están cumpliendo con el debido proceso de notificación, con lo cual los conductores solo se enteran que tienen un comparendo cuando van a realizar un trámite de tránsito o al consultar en el Runt, a lo cual hay que agregar el engorroso proceso de impugnación.

Las denuncias de la ciudadanía han tenido eco. “En la actualidad se han realizado 40 requerimientos de información a organismos de tránsito, conforme a las funciones de inspección, control y vigilancia que ejerce la Superintendencia de Transporte”, le dijo a EL TIEMPO el superintendente Camilo Pabón Almanza.

Es decir, hay 40 ciudades o municipios, entre estas Bogotá y Medellín, Cota, Cajicá, a las cuales se les está investigando “con el fin de comprobar la correcta aplicación de las normas de tránsito relacionadas con la operación de Sast (Sistemas para la detección de infracciones de tránsito) en su jurisdicción, verificando que estos cumplan con los requisitos técnicos establecidos en la Ley 1843 de 2017 y otras normas, que regulan la instalación, operación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos”, explicó Pabón Almanza.

En caso de que los organismos de tránsito sean encontrados responsables por los incumplimientos de los criterios técnicos y tecnológicos aplicables a los SAST, se podrán suspender las ayudas tecnológicas hasta tanto estos cumplan con la norma. En cuanto al no suministro de información, los investigados podrán ser multados hasta con 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

OTROS MUNICIPIOS INVESTIGADOS

Estas son las secretarías, oficinas e institutos de tránsito que están en la lupa de la Superintencia de Transporte: Barranquilla, Aguachica, Palmira, Atlántico, Magdalena, El Rosal, Sabaneta, Sibaté, Floridablanca, Aguachica; Piendamó, Cartago, Santander de Quilichao, Fundación, La Estrella, Fonseca, Bello, Guasca, Soacha, Mosquera, Barrancabermeja, Cundinamarca (Sede Operativa Chocontá ), Turbaco, Envigado, Medellín, Ciénaga, Villeta, Los Patios, San Juan Nepomuceno, Cali, Arjona, Cajicá, Clemencia, Galapa, Planeta Rica, Codazzi, Yotoco, Yumbo y La Dorada.