En un operativo coordinado, las fuerzas del orden lograron desmantelar una red delictiva clave, conocida como ‘Los Intocables’, poniendo fin a su modus operandi. La detención de los miembros clave de este grupo criminal marca un importante hito en la lucha contra el crimen en la región.

En una acción conjunta entre el Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada y el CTI, se logró la captura de dos individuos en Roncesvalles, Tolima, y La Calera, Cundinamarca.

Estos individuos son sospechosos de formar parte de ‘Los Intocables’, un grupo especializado en extorsiones utilizando la estrategia del ‘Tío o Tía’ (falso familiar), con ganancias que superan los 20 millones de pesos en Ibagué y Espinal. La colaboración ciudadana y un exhaustivo trabajo de inteligencia militar permitieron su captura. Ambos fueron presentados ante la Fiscalía 19 delegada ante el Gaula Militar, enfrentando cargos por extorsión agravada. Este logro se suma a los esfuerzos previos que han llevado a la detención de un total de nueve personas implicadas en este tipo de delitos.

Las autoridades, a través de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, hacen un llamado a la población del Tolima para que estén alerta ante llamadas sospechosas de individuos que se hacen pasar por familiares en apuros, solicitando dinero. Esta táctica de fraude ha sido identificada como una estrategia recurrente entre los delincuentes de la zona.

En respuesta a la creciente incidencia de delitos desde las cárceles del país, el Inpec ha propuesto al Ministerio de Justicia y al Congreso limitar el uso de teléfonos públicos en las prisiones para combatir la extorsión y las amenazas organizadas desde dentro de estos establecimientos. Esta medida, respaldada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y otros funcionarios, refleja el compromiso del gobierno con la seguridad ciudadana.

El presidente Gustavo Petro ha ordenado el traslado inmediato de los reclusos implicados en extorsiones a cárceles de alta seguridad, subrayando la importancia de reforzar la seguridad y el orden público. Esta serie de acciones busca equilibrar los derechos de los internos con la protección de la sociedad ante las amenazas surgidas desde las cárceles. La propuesta del Inpec aún requiere la aprobación del Congreso, pero el respaldo gubernamental subraya la urgencia de esta medida.