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El señalado agresor le ofrecía a la víctima celulares, ropa, dinero y otro tipo de regalos para que accediera a sus pretensiones sexuales.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de José Daniel García Quintero, alias Satanás, quien durante cinco años habría abusado sexualmente de una menor de edad, en hechos ocurridos en Chía (Cundinamarca).

De acuerdo con los elementos de prueba, el señalado agresor le ofrecía a la víctima celulares, ropa, dinero y otro tipo de regalos para que accediera a sus pretensiones sexuales. Hay indicios de que, presuntamente, grababa con su celular los actos ilícitos y los publicaba en redes sociales.

En la investigación se constató que los abusos, supuestamente, se presentaron entre 2014 y 2019.  Al parecer, iniciaron cuando la menor de edad tenía ocho años.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó la García Quintero los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y explotación sexual con menor de 18 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este hombre fue capturado en diligencias de registro y allanamiento realizadas por unidades de la Sijin de la Policía en Chía (Cundinamarca). En los procedimientos fueron encontrados elementos para ritos satánicos y figuras alusivas a las conductas sexuales ilícitas que supuestamente ejercía.

Las acciones investigativas en defensa de los niños, niñas y adolescentes fueron priorizadas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 -2024.

NOTA: La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.