En un anuncio significativo para el sector de la construcción, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, confirmó el pasado viernes la eliminación del sistema de puntajes del Sisbén para acceder a los subsidios de vivienda. La derogación de la Resolución 1227 de 2023 vuelve al método anterior, en el que se asignaban los subsidios por orden de llegada a quienes cumplían con los requisitos: no ser propietario de vivienda, no haber recibido otro subsidio de vivienda y cumplir con el tope de ingresos.

Esta medida, que pretende simplificar el proceso y aumentar la oferta de vivienda, ha generado opiniones divididas en el sector constructor. Según Coordenadas Urbanas, solo el 6,9% de la vivienda en oferta actualmente es de interés prioritario (VIP), mientras que el 55% es de interés social (VIS) y el 38% no es VIS.

El sistema de puntajes del programa Mi Casa Ya, implementado en 2023, asignaba una puntuación basada en criterios como el grupo del Sisbén, la ubicación y tipo de vivienda, y la condición de víctima del conflicto armado, entre otros. Sin embargo, este sistema fue considerado complejo y poco efectivo por constructores y bancos para incentivar la producción de vivienda en grandes ciudades.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, sostuvo que la eliminación del sistema de puntajes no contribuirá a la reactivación del sector, ya que nunca se implementó de manera efectiva. “Este anuncio desmonta un mecanismo de priorización de los hogares que nunca se aplicó, por lo tanto, poco o nada impactará en la reactivación del sector, pues el Sisbén como criterio de acceso se seguirá exigiendo”, afirmó Herrera.

Jhonatan Rodríguez Chacón, docente de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas de la Universidad de la Sabana, señaló que la medida genera incertidumbre entre los beneficiarios y los constructores a corto plazo. “Los cambios repentinos en los criterios de elegibilidad pueden crear una brecha entre los potenciales compradores y los constructores, disminuyendo las iniciativas de construcción y compra de vivienda”, alertó el académico.

Las ventas de vivienda nueva en Colombia cayeron un 17,7% entre enero y marzo de este año en comparación con el mismo periodo de 2023, con un total de 32.017 unidades comercializadas, el nivel más bajo en un primer trimestre en los últimos 15 años. Además, la baja dinámica de los lanzamientos (-34%) y las iniciaciones (-26,7%) agrava la situación.

Esteban García Jimeno, abogado senior de la firma Holland & Knight, precisó que, aunque la eliminación de los puntajes podría ayudar en las asignaciones, no resuelve el problema de fondo. “La nueva resolución mantiene el Sisbén como base para la asignación, por lo que no se aborda completamente el problema de focalización”, indicó García.

Camilo Cardona, socio de Cuatrecasas, reconoció que el Ministerio corrigió un error al eliminar los puntajes, que no priorizaban las grandes ciudades donde existe mayor demanda. Sin embargo, cuestionó que Mi Casa Ya no está diseñado para los segmentos de menores ingresos, quienes no son sujetos de crédito, especialmente con las altas tasas de interés actuales.

El abogado Juan Manuel Álvarez, especialista en Derecho Urbano, subrayó que la problemática de la vivienda no se puede circunscribir únicamente a los subsidios. “La crisis de la vivienda es mundial, debido a un bajo poder adquisitivo contrastado con los altos valores de la vivienda. Los municipios deben jugar un papel importante en la reactivación del sector con una buena planeación territorial”, sentenció Álvarez.

La Contraloría emitió recientemente un llamado urgente para revisar y reformular las políticas públicas de subsidios de vivienda tras un estudio que abarcó el período 2010-2022. A pesar de inversiones significativas, los programas de vivienda han tenido un impacto limitado en la reducción del déficit habitacional.

En conclusión, los expertos coinciden en que superar el déficit habitacional en el país no está supeditado únicamente a los subsidios, sino que requiere de una participación conjunta de entes territoriales, buenas prácticas de planificación y una reducción en las tasas de interés para acceder a créditos hipotecarios.