Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajicá ¿Elefante blanco?
Por Hugo Sierra |

En Cundinamarca hay 52 PTAR, de las cuáles 43 están a lo largo de la cuenca del Río Bogotá. Según la
CAR, 34 están en operación, tres no están funcionando y cinco se encuentran en construcción. La
planta de Cajicá no ha entrado en operación pese a que hace más de un año terminó la construcción

En medio de la maleza, que crece todos los días, y tapada por una polisombra que cubre la puerta de ingreso, se oculta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cajicá Rincón Santo que aún no entra en operación, aunque hace meses se terminó la obra, financiada con recursos de cooperación internacional a través del Gobierno de Corea.

¿Qué pasa con la PTAR de Cajicá?

Pese a la necesidad de la infraestructura, construida con tecnología coreana de punta y una inversión de 6,5 millones de dólares, sin antecedentes en este tipo de proyectos, la administración del alcalde Fabio Ramírez, que se resistió a hacer la obra, pero luego la comenzó, no la ha puesto en funcionamiento
por un simple trámite de servidumbre predial.

El terreno en el que se construyó la PTAR era del municipio que no tuvo que aportar un solo peso para la obra, pero existe un pequeño predio privado que impide que se conecte la tubería para bombear las aguas negras que se recogen de la quebrada La Cruz a la planta de tratamiento y luego hacer el vertimiento al río Bogotá, que está a pocos metros.

La planta, que se concibió al firmarse el convenio de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Corea en agosto de 2018 como una PTAR piloto para la Sabana Centro, va a tratar un volumen de 19 litros por segundo de aguas residuales; seis veces más, que el volumen que estaba tratando la planta vieja existente: 3,6 lts.

Además de beneficiar a todo el municipio, recogerá las aguas servidas de los sectores de Capellanía, parte de Chuntame y Rincón Santo, que también llegan de la cuenca del río Bogotá; para ayudar a la recuperación y saneamiento de este importante afluente natural de agua dulce.

Con la operación de la PTAR de Rincón Santo también se busca cumplir con parte de los compromisos establecidos en la sentencia sobre el río Bogotá (2001-90479 del 28 de marzo de 2014) en lo referente a la protección de derechos colectivos de los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y sus afluentes.
Expertos en el tema, consultados por EL OBSERVADOR aseguran que, si el alcalde Fabio Ramírez tiene la ‘voluntad política’ de poner a funcionar la PTAR casi un año después de terminada la construcción, lo puede hacer simplemente con una decisión administrativa que está en sus manos: comprar el pequeño predio o imponer la servidumbre por necesidad.

Sostienen que la decisión la puede tomar al amparo de la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos, que tiene aplicación en ámbitos como acueducto, alcantarillado y aseo, y establece normas especiales para algunos servicios como agua potable y saneamiento.

Sin embargo, el alcalde Ramírez, que inició la obra en 2021 pese a la resistencia de su gobierno por tratarse de un proyecto que venía de la administración anterior, la de Orlando Díaz Canasto, que la incluyó en su Plan de Desarrollo ‘Cajicá Nuestro Compromiso’, parece no estar interesado en poner
en operación la planta pese a que la obra está ejecutada.

la PTAR de Rincón Santo, construida con tecnología coreana y con un costo de $25.000 millones, está en riesgo de convertirse en un ‘elefante blanco’ porque no está prestando los servicios para los cuales fue montada

El Colectivo Ambientalista Cuidadores del Territorio y algunos concejales de Cajicá, advirtieron desde hace un año, cuando quedó lista la planta para empezar a funcionar, que era posible que se perdiera la plata invertida por Corea si no se ponía en marcha inmediatamente para cumplir el objetivo ambiental y legal por el que se construyó.

Con la nueva PTAR, que operaría inicialmente por un año, se espera no solo un resultado óptimo en el tratamiento de los volúmenes de agua generados, sino reducir el impacto ambiental para mejorar la calidad de vida de una población cercana a los 15.000 habitantes de los sectores beneficiados.

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