La Contraloría de Cundinamarca está intensificando su vigilancia sobre los municipios para asegurar que destinen al menos el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) a la protección ambiental, especialmente en la adquisición y mantenimiento de predios estratégicos para la conservación de recursos hídricos.

En respuesta a la escasez de agua experimentada en el departamento, atribuida al fenómeno de El Niño, y a los racionamientos en el suministro de agua potable en Bogotá y otros municipios debido a sequías, la Contraloría destaca la obligatoriedad establecida por la Ley 99 de 1993, la cual exige a los municipios invertir en protección ambiental.

La nueva legislación, incluida en la Ley 2320 de agosto de 2023, refuerza esta obligación y promueve enfoques innovadores como las soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación al cambio climático.

En este contexto, la Contraloría de Cundinamarca está llevando a cabo Actuaciones Especiales de Fiscalización para evaluar la efectividad de la inversión del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación por parte de los municipios auditados. El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) 2024 ha priorizado 44 municipios para verificar el cumplimiento de esta normativa, con especial atención a la disposición del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y las modificaciones posteriores, así como al artículo 3 de la Ley 2320 de 2023.

La lista de municipios priorizados incluye localidades como Agua de Dios, Nilo, Cáqueza, y muchos otros, donde se espera que se realicen inversiones efectivas para garantizar la protección de los ecosistemas hídricos vitales.

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