Las comunidades están a la expectativa de las respuestas y coherencia en su accionar de las entidades encargadas de proteger los ecosistemas y recursos naturales. Su misión no es privilegiar los intereses netamente económicos y urbanísticos que tienen en riesgo el desarrollo sostenible de la región.

 
Por: Andrés Alarcón – Colectivo Cuidadores del Territorio

El año 2022 fue un año complejo en términos ambientales: eventos climáticos extremos en diversas partes del globo con millones de personas afectadas y emergencias que superaron los cálculos y mitigaciones, como en el caso de Pakistán, en donde gran parte del país quedó inundado, lo que afectó al menos a 1 de cada 7 ciudadanos.

La ola de calor sufrida en todos los continentes con mayor impacto en Asia y Europa, en donde centenares de personas murieron en las calles por golpes de calor y miles de hectáreas de bosques y otros ecosistemas perecieron ante el fuego abrasador, producto de las altas temperaturas.

Irónicamente este año también se reunió la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático COP26 en Glasgow (Escocia), donde una vez más se flexibilizaron las metas de emisiones de Carbono, se volvió a pactar y hacer llamados urgentes para que todos los países se comprometan con la causa climática y abandonen los combustibles fósiles, un reto cada vez más complejo y difícil en el mundo actual. Mientras se realizaba está Cumbre el mundo estaba pendiente de la celebración del mundial de fútbol 2022, con altos costos ambientales, que así sus responsables afirmen que compensarán la huella de carbono con la siembra de 1 millón de árboles, no es suficiente para el crítico momento ambiental que vivimos.  

A pesar de este desolador panorama global frente al cambio climático y el medio ambiente, el panorama regional y local parece un poco más alentador. La llegada de nuevos gobiernos alternativos en diversos países de América, que han prometido luchar contra la deforestación, proteger la amazonia y generar una transición a energías renovables, parece ir por buen camino. En Colombia por ejemplo, el nuevo Gobierno con la implementación del Acuerdo de Escazú, la lucha contra la deforestación y la protección de ecosistemas deja ver un notorio avance en los pocos días que lleva, por lo que esperemos que su rumbo y promesas se mantengan en esa dirección.

A nivel local, en la Sabana de Bogotá, las comunidades veedoras y colectivas han generado espacios de concertación y participación con las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) y entidades como la ANLA y el Ministerio de Ambiente, las cuales han tenido que explicar y debatir en la mesa conformada por científicos, activistas y comunidades acerca de los diferentes proyectos que podrían afectar los ecosistemas y estabilidad medio ambiental de la región. Algunos de ellos son: la minería en el Río Neusa, las adecuaciones hidráulicas en la Cuenca del Río Bogotá, el dragado de la Laguna La Herrera, las torres de alta tensión en Cogua y Tabio y la construcción desmedida en los cerros orientales. Todos estos proyectos afectando zonas naturales y de gran importancia ecosistémica para la región, que es el hábitat de especies particulares y/o en riesgo como el tigrillo lanudo, el pez capitán y la Tingua Bogotana, entre muchas otras.

Es así como en vísperas de un nuevo año las comunidades están a la expectativa de las respuestas y coherencia de dichas entidades que parecieran no proteger los ecosistemas y recursos naturales, sino más bien privilegiar los intereses netamente económicos y urbanísticos que tienen en riesgo el desarrollo sostenible de la región. Dichas corporaciones y entidades tienen en sus manos definir el curso que continuarán estos proyectos, con una ciudadanía informada, crítica y con un gran aprecio por los valores naturales. Se espera también que el nuevo gobierno y los ministerios puedan reformar dichas entidades para hacerlas realmente participativas, científicas y defensoras del medio ambiente y no fortines políticos que responden a intereses económicos, como tristemente hemos tenido que ver en gran parte de Colombia.

Como retos para el año que empieza nos queda como comunidad seguir perseverando en las luchas ambientales, con argumentos sólidos, información clara y debates de altura, que han demostrado claramente que las comunidades que viven y conocen su territorio, deben incidir en la toma de decisiones ambientales, para lo cual el Tratado de Escazú seguramente será un apoyo legal de gran valor.

También queda en la memoria la importancia de la planeación, el desarrollo sostenible y las soluciones basadas en la naturaleza, las cuales contribuyen a un mejor vivir en lo posible en armonía con el territorio y sus ecosistemas, ya que por ejemplo, como se evidenció en las crecidas de ríos y quebradas en la región, respetar sus espacios naturales de inundación, sus cauces y rondas puede evitar los riesgos generados en épocas de invierno y garantizar el recurso en épocas secas, tema de gran importancia en el marco del cambio climático que generará eventos cada año más fuertes. Escuchar a la naturaleza y generar una planeación en torno a ella y no en su contra, debe ser la misión no solo de las comunidades, sino del gobierno, sus entidades y corporaciones.