Foto: Archivo.

La Procuraduría General de la Nación revocó la sanción disciplinaria y de inhabilidad por 10 años que, en 2019, había impuesto al entonces director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco. Esta decisión se produjo después de una conciliación entre Franco y la Procuraduría ante el Tribunal de Cundinamarca.

En 2019 la Procuraduría aseguró haber encontrado supuestas irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-. En ese momento, el Ministerio Público ordenó la destitución e inhabilidad durante 10 años para Franco.

Franco se defendió en 2019 aclarando que la diferencia de costos en el proyecto “corresponde a la actualización de precios que se aplicó al diseño de 2011 para que se ajustara al 2018. Esto incorpora elementos que generan mayor tranquilidad para la operación del sistema”. Además, aseguró que el dinero faltante fue puesto por la CAR e insistió en que su actuar responde al cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá.

En cuanto a los ajustes hechos aseguró que estos tenían que ver con cambio de norma relacionada con sismoresistencia y en la regulación del sistema eléctrico y de automatización de una planta. La proyección también tuvo que ajustarse de 15 a 30 años.

Ese mismo año, Franco apeló la decisión y, así, por más de dos años continuó el proceso legal. Sin embargo, en medio de eso, Franco tuvo que desistir de su intención de buscar su reelección como director de la CAR. 

Una millonaria demanda

El caso dio un giro en junio de 2020, cuando Franco demandó a la Procuraduría. La demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, entre otras exigencias, buscaba que la entidad pagara 952’040.401 pesos por “los perjuicios materiales e inmateriales causados como son los morales, tasados en cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y los perjuicios por la pérdida de la oportunidad”. 

Ante la demanda, y después de un análisis jurídico de la sanción, la Procuraduría propuso una conciliación a cambio de que “el demandante al momento de la eventual aceptación de la propuesta conciliatoria, ratifique y exprese su decisión en el sentido de que renuncia a cualquier pretensión de tinte económico y cualesquiera otras incluidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2020-00849-00”.

El proceso llegó al Tribunal de Cundinamarca donde la Procuraduría retiró la sanción disciplinaria y Néstor Franco, a su vez, retiró la demanda. Al final, la Magistrada Alba Lucía Becerra Avella avaló ese acuerdo de conciliación. 

“La Sala concluye que la propuesta de la entidad demandada y aceptada por el demandante, I) fue presentada oportunamente, II) tiene como fundamento la certificación del Comité de Conciliación de la PGN, III) la oferta revoca todos los actos acusados de nulidad, IV) la revocatoria se encausa en el agravio injustificado a una persona enlistada en el artículo 96 del CPACA, v) la misma no es violatoria de la ley, y VI) no resulta lesiva para el patrimonio público”, dice el documento de aprobación de conciliación del Tribunal. 

Franco reaccionó al acuerdo a través de un comunicado: “Mis actuaciones como funcionario público siempre han tenido tres características primordiales: han sido transparentes, apegadas al cumplimiento de la ley y encaminadas a la búsqueda del bien común. Es por esto que esta conciliación que se logra por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, al reconocer que en mi caso se cometió un grave error, las actuaciones que fueron erradas no fueron las mías sino las de quienes desde el ente de control disciplinario, emitieron fallos contrarios a derecho”, afirmó Franco González.

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Fuente: EL TIEMPO.

Redacción EL OBSERVADOR.