Chía solo ha ejecutado el 62,6% de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia

Foto de Referencia.

Zipaquirá  ha ejecutado un 99,8% de los recursos del mismo fondo cuyo objetivo es la adecuación de las instalaciones de las Instituciones Educativas oficiales para la alternancia.

La Contraloría General de la República de Colombia realizó un llamado a las 96 entidades territoriales certificadas (ETC), que ejecutan recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), para que dinamicen y garanticen la correcta ejecución y cumplan los fines de los más de $627 mil millones dispuestos para el regreso seguro a clases.

En Sabana Centro existen dos entidades territoriales certificadas, las cuales son: Zipaquirá que ha ejecutado un 99,8%, mientras que Chía solo ha ejecutado el 62,6% de los recursos del FOME. El resto del departamento compone otra entidad territorial certificada denominada Cundinamarca, la cual ha ejecutado un 73,6% del fondo cuyo objetivo es la adquisición de elementos de bioseguridad y la adecuación de las instalaciones de las Instituciones Educativas oficiales para la implementación de los correspondientes protocolos y la ejecución de los pilotos de alternancia.

En cuanto a los porcentajes de ejecución más bajos del país están Amazonas con el 15,3%, San Andrés Providencia y Santa Catalina con el 33,6%, Girón 39,3%, Guainía 47,5%, Bello 55,5%, Meta 57,6% y Vichada con el 59,8%.

Mientras que un total de 19 ETC ya ejecutaron el  100% de los recursos del Fondo. El documento advierte que 9 ETC Magdalena, Malambo, Magangué, Cúcuta, Ciénaga, Lorica, Barrancabermeja, César y Sahagún han ejecutado recursos FOME por encima del 90% sin embargo, no están garantizando el retorno a la presencialidad superior al 40%.

En cuanto al porcentaje de regreso a la presencialidad en las tres ETC de Cundinamarca los indicadores son los siguientes: Cundinamarca 89,56%, Chía 60,05, Zipaquirá 68,59%.

Lea acá el Comunicado completo de la Contraloría, el cual hace llamado a entidades territoriales a garantizar la correcta ejecución y cumplir los fines de los $627 mil millones del FOME dispuestos para el regreso seguro a clases.

El documento de la contraloría concluye que en medio del proceso de retorno a la presencialidad escolar los esfuerzos que viene realizando el país en materia financiera deben garantizar que las sedes de los colegios oficiales estén abiertas, brindando los protocolos y condiciones de bioseguridad para que los niños y jóvenes puedan acceder a las aulas de clase. 

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Fuente: Contraloría General de la República.

Roy Salas Adán. Periodista.

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