La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó medida de aseguramiento domiciliario contra el Representante y exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca), José Edilberto Caicedo Sastoque, por presuntas irregularidades en un contrato que asciende a los 660 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo, el Funcionario Público, representante del Partido de La U, cometió irregularidades en contrataciones mientras se desempeñó como Alcalde de Zipaquirá, durante los años 2004 y 2007.

Supuestamente, Caicedo celebró un contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Zipaquirá, para la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua. Uno se ubicaría en el sector de Villa Marina y otro en Zona Alta de Zipaquirá.

Todo parece indicar que las obras no se concluyeron, tal y como se pactó con quien en su momento era la Gerente General de la EAAZ, Luz Estela Jiménez Ballén. La obra quedó incompleta y no se contaban con estudios técnicos para ambos tanques.

 “El contrato se celebró en junio de 2007 y tenía como objetivo la construcción de dos tanques, uno en la urbanización Villa Marina y otro en la Zona Alta de Zipaquirá. No obstante, lo que reprocha el denunciante, Josué Martínez Romero, es que dicho convenio no se cumplió a cabalidad debido a que solo fue construida la primera obra. Además, que al momento de suscribir el contrato el municipio no tenía a su disposición los estudios técnicos de suelos ni geotécnicos para construir las obras de infraestructura, los cuales resultaban necesarios para determinar las cantidades de material y el presupuesto que demandaría la implementación de este”, reseña El Espectador.

La ausencia de los estudios obligó a la contratista responsable de la obra, Gloria Leticia Mogollón, a contratarlos con una firma de consultoría, pese a que el tanque de la Zona Alta finalmente no fue construido. Lo que se le reprocha a Caicedo Sastoque es que, a pesar de la falta de planeación y transparencia durante el trámite y la celebración del convenio, el exalcalde suscribió tres adiciones por $40, $43 y $87 millones. En los soportes de la contratación, el hoy congresista no precisó el objeto de cada adición ni para cuál obra estaban destinados estos dineros, que según reposa en la providencia de la Corte Suprema, conocida por El Espectador, hicieron que el contrato terminara costando $840 millones y no los $660 millones, inicialmente previstos.  

Por estas irregularidades, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a Caicedo Sastoque por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Para la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Francisco Farfán, el exalcalde habría utilizado como estrategia la asignación de recursos del erario a la Empresa de Acueducto para la ejecución de obras públicas enmarcadas en los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico, y en la construcción de obras que finalmente no fueron ejecutadas.

La Corte Suprema también informó que, durante el curso de las investigaciones, se hicieron interceptaciones telefónicas, donde el acusado, José Edilberto Caicedo Sastoque, intentaría sobornar a los testigos.

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