Por: Capitán de Bomberos Álvaro Farfán Vargas. Delegado Departamental de Bomberos Cundinamarca.

Desde la promulgación de la ley 1575 de 2012, se catalogó la labor que desempeñamos los bomberos como un servicio público esencial que debe estar a cargo del Estado, el cuál puede ser ejercido por este de manera directa, a través de cuerpos de bomberos oficiales o mediante la generación de contratos o convenios con instituciones bomberiles voluntarias.

Sin embargo, este ejercicio a veces carece de sentido común, relevancia y de voluntad política, por parte de algunos mandatarios, que aún no introyectan la importancia de garantizar de manera adecuada este servicio en sus comunidades de manera ininterrumpida.

A comienzo de cada año, la firma de estos convenios se convierten en un dolor de cabeza para las partes, en donde aparecen una serie de pretextos que van desde la carencia de recursos, hasta la ausencia de prioridad de este, por no evidenciar la verdadera naturaleza del mismo sobre su objetivo, que es el de salvaguardar la integridad, vida y bienes, así como de la protección del medio ambiente.

Lo irónico o paradójico del asunto, es que en muchas ocasiones lo que se evidencia a lo largo del país, es la inequidad de estos convenios que una vez firmados, después de tanto batallar entre financieros y jurídicos, se observan contenido contractuales con exigencias que en ocasiones van mucho más allá de las verdaderas misionalidades que tenemos los cuerpos de bomberos y lo peor, con cifras que no permiten garantizar la prestación adecuada de este servicio en estas jurisdicciones.

Esta dinámica se convierte en una ruleta rusa, un peligroso juego que claramente pone en riesgo nuestras comunidades, que no pueden contar con este servicio de manera adecuada cuando lo requieren; así como de exponer a los responsables de garantizar el mismo en aprietos disciplinarios o legales .

Debemos partir de un principio clave que nos permita entender que los convenios o contratos entre las administraciones municipales y los cuerpos de bomberos, no se tratan de imposiciones caprichosas de las partes, si no de acuerdos mutuos concertados bajo la objetividad, buscando garantizar de manera óptima un servicio tan importante como este, teniendo como base unas necesidades que requiere el panorama de riesgos de cada municipio.

Estos ejercicios deben ser lo más dinámicos posibles y obligando a las partes a buscar la mejor solución posible, así como de brindar seguridad y tranquilidad a sus comunidades.

Si bien es cierto también que el Estado es responsable de garantizar la prestación de este servicio, no podemos olvidar que nosotros como instituciones que perciben recursos públicos, debemos hacerlo con la mayor transparencia posible y bajo los más estrictos estándares de calidad, que nos permitan también generar confianza y credibilidad de nuestras buenas prácticas administrativas, lo que nos permitirá posicionarnos como una organización sólidad y honesta.

Como reflexión y desde la experiencia vivida en algunos países más desarrollados en materia bomberil, es hora de comenzar a pensar en una metamorfosis normativa, para que los cuerpos de bomberos del país de manera más asertiva, puedan percibir los recursos necesarios para el cumplimiento cabal de su objeto social, por lo cuál, aún queda un gran camino por recorrer, pero para ello, es necesario contar con un verdadero liderazgo y la inteligencia de una adecuada planificación estratégica que nos permita llegar a esas metas necesarias.